miércoles, 1 de abril de 2009

DEFENSORA DEL PUEBLO BEATRIZ MERINO ABORDA TEMAS IMPORTANTES DE HUANCAVELICA

A través de una comunicación telefónica al noticiero Pulso regional en Radio Máster Mix, expone la actuación defensorial en la Región Huancavelica. Se tiene conocimiento público que la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Huancavelica, durante el 2008, atendió 3656 casos entre quejas, consultas y petitorios; supervisó a la administración estatal y los servicios públicos, emitió recomendaciones; desarrollo talleres de capacitación, organizó la feria ‘La Defensoría del Pueblo más cerca de la gente’ y pese a las restricciones presupuestales reunió a más 1600 huancavelicanos y huancavelicanas. Beatriz Merino en el tema del derecho a la salud de la población sostuvo de que “En Huancavelica no hay especialistas y equipos médicos para la atención de enfermedades como asma severa. El Hospital Departamental de Huancavelica es de nivel II - 1 lo que significa que solo cuenta con cuatro especialidades: medicina general, ginecología, pediatría y anestesiología pero no cuenta especialidades fundamentales como neumología, medicina de rehabilitación, neurología, cardiología, gastroenterología, psiquiatría.de que ha habido y existe presuntos actos de negligencia médica como es el caso emblemático de la ciudadana Victoria Tunque Quispe, de que existe discriminación de pacientes quechua hablantes por parte del personal de salud, que refleja una situación crítica del acceso a la salud como derecho en Huancavelica”
En el tema del derecho a la educación resaltó de que la defensoría ha actuado en casos como la de “Discriminación por razón de embarazo a estudiantes adolescentes.- Desconocimiento de las políticas públicas de educación y falta de información respecto a la normatividad legal que protege a los niños, niñas y adolescentes frente a las prácticas de discriminación en el sistema educativo. “La Oficina Defensorial de Huancavelica, en agosto del 2008, tomo conocimiento acerca de prácticas de discriminación y restricción al derecho a la educación de una estudiante en estado de gestación y su pareja en la Institucón Educativa José Gálvez Eguzquiza del distrito de Acoria. Gisela Fiorela Quispe Aclari (16) y Samuel Merino Boza (17) estudiantes del 4º y 5º grado de educación secundaria, respectivamente fueron discriminados y se les restringió su derecho a la educación por el hecho que Gisela se encontraba embarazada. Se argumentó que el embarazo era un acto inmoral y un mal ejemplo para los y las adolescentes. Así, se les impido el ingreso al centro educativo causándoles a su vez un maltrato psicológico. La práctica de esta figura proscrita es imputable al Director de la I.E. Dámaso Sanabria Chamorro” aseveró la defensora del pueblo. Anotó además de que la educación es Gratuita, la defensoría ha insistido de que la educación es un derecho fundamental y gratuito en los colegios del Estado, no es aceptable que pongan requisitos, cobros o acondicionamientos de la matricula de los escolares, las cuotas son voluntarias en los APAFAS” enfatizó la defensora.
En los casos de la vulneración a los derechos de la identidad se mencionó de “que existe personas indocumentadas, sin actas de nacimiento, sin DNIs, errores en las actas de nacimiento, los y las registradores civiles, en ciertos casos, solo cuentan con educación primaria, escasos espacios de capacitación a registradores civiles, alta rotación de registradores civiles. Suelen ser cambiados por cada alcalde que asume la gestión municipal, etc. Por la cual se han hecho campañas de Identificación juntamente con el RENIEC y otras instituciones, donde se han documentado a más de siete mil huancavelicanos en forma gratuita en las siete provincias de Huancavelica”.
Sobre las víctimas de la violencia política y el plan integral de reparaciones expuso que la defensoría ha tomado el caso de que “se viene incumpliendo con la ejecución de la Ordenanza Regional Nº 012 que aprobó el Plan Integral de Reparaciones el Gobierno Regional no implementan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad Reconciliación. La implementación del Registro Regional de Víctimas, no es una prioridad para la Gerencia Regional de Desarrollo Social, por lo que hay mucho retraso en la ejecución de las actividades que benefician a los afectados por la violencia política. Faltan recursos logísticos y humanos. El desconocimiento del quechua (idioma materno de la mayoría de los afectados) por parte de los registradores de la gerencia regional de desarrollo social, ha impedido que la información recogida sea veraz, se evidencia que se ha registrado a personas que no son afectadas, con información incompleta y datos errados. Muchos pobladores por miedo a las represalias, no han dado información de ser afectados, por lo que ahora recién están buscando registrarse como víctimas. Hay poca transparencia con la que se está desarrollando la implementación y ejecución del Plan Integral de Reparaciones, las organizaciones de victimas mencionan que el gobierno regional se niega a brindar información económica de los proyectos aprobados, a las organizaciones de afectados. El Consejo Regional del Plan Integral de Reparaciones (integrado por diferentes instituciones), a más de dos años de su creación, ha dejado de funcionar, lo cual refleja la poca sensibilización por parte de las autoridades ediles y comunales, quienes desconocen los lineamientos de la Ley Nº 28592 sobre el Plan Integral de Reparaciones y la Ordenanza Nº 012 del Gobierno Regional” afirmó Beatriz Merino Defensora del Pueblo.
Más datos defensoriales:
En Huancavelica, durante los 20 años de violencia política han desaparecido forzosamente más de 464 personas. - Escasa información que brindan los familiares de personas desaparecidas al momento de presentar su solicitud y en brindar su testimonio. - La mayor parte de los solicitantes se encuentran en zonas de difícil acceso y carecen de educación básica, por eso, no recuerdan con exactitud los hechos ocurridos como: el día, mes, año y de los presuntos responsables de la detención de su seres queridos. Así como su fecha de nacimiento y nombre de los padres de la víctima. - En el procedimiento de verificación directa los testigos se niegan a atestiguar por miedo a las represalias de los militares y subversivos.- Problemas en torno a la individualización de las víctimas; errores en los nombres y apellidos de las victimas al momento de registrar en los registros civiles y RENIEC.- Personas desparecidas que cuentan con partidas de defunción válidamente inscritas, solicitan la constancia de ausencia por desaparición forzada. Fuente: Lic. Jaime M. Luján Tunque.